Cuando hablamos de paraísos fiscales siempre evocamos nombres de exóticas islas lejanas y desconocemos que los Estados articulan sus propias áreas de opacidad tributaria con el objetivo de atraer inversiones y crear empleo. A esto se dedica Invest in Spain, recientemente fusionada con el instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y dependiente en la actualidad del Ministerio de Economía. También son estas ventajas tributarias las que vende el Ministerio de Exteriores cuando habla con multinacionales extranjeras.
El paraíso fiscal español -constituido a través de las entidades de tenencia de valores extranjeros (etve), que tributan a un tipo del 0,5%- funciona desde 1995. Fue diseñado para que entrasen y saliesen capitales del territorio español sin pasar por Hacienda. Además, los titulares últimos de las etve están exentos del cobro de dividendos. Se creó así un bonito refugio para que residentes españoles evitasen el pago de impuestos.
Las etve, que gozan del apoyo de las instituciones comunitarias, se han convertido en una fuente de fraude, con el consiguiente quebranto para las arcas públicas, y de conflictos con otros países. Un ejemplo, Exxon, con una oficina en España que sólo empleaba a un administrador, no pagaba impuestos pero se desgravaba 5.000 millones de euros en un año, más dividendos aparte. Esta normativa produce un agravio comparativo entre los contribuyentes españoles, que con la crisis actual soportan sucesivas subidas de impuestos, y quienes gozan de una tributación privilegiada. Es una contradicción insostenible intentar por un lado incrementar los ingresos y mantener por otro un paraíso fiscal español, que sin conseguir los fines para los que se creó, merma la capacidad recaudatoria del Estado.
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